Corrupción – Cuba – Corruption
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Cuando el desalojo llama a la puerta

Cuando el desalojo llama a la puerta
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana | Septiembre 23, 2014

Miran por las ventanas y sólo abren la puerta a gente que conocen. Las
tres mujeres, junto a la bebé de apenas un año, recibieron una de esas
citaciones que le para los pelos de la nuca a cualquiera. Con cuños,
firmas y tono oficial, el Instituto de la Vivienda les comunicó que
debían abandonar el inmueble antes del pasado viernes.

En medio de esta desgracia se encuentra en estos momentos la familia de
Sara Elvira Migueles. La señora vive en uno de esos bloques de concreto,
de apenas tres pisos, que la humedad y la falta de mantenimiento hacen
parecer ruinas antiguas aunque sólo tengan unas décadas. Junto a sus
hijas –Marinelvis y Rosaima– y su pequeña nieta Aynoa, Sara ve el
amanecer desde el reparto Altahabana, una barriada que de “alta” sólo
tiene las tarifas de los taxis colectivos que llegan hasta allí.

He llegado hasta su hogar a raíz de una denuncia que mandó a 14ymedio el
hijo mayor de la familia, Juan Carlos Gálvez Migueles, que reside
actualmente en un país de América del Sur. Desde las escaleras se siente
la tensión. “¿Viniste sólo?”, pregunta Sara cuando toco a la puerta sin
muchas esperanzas de que me abran. Motivos tiene para desconfiar. Yo
podría ser un inspector camuflado de reportero y tenderles una trampa.
Sólo hay una institución a la que se le teme tanto como a la Seguridad
del Estado, y es el Instituto de la Vivienda.

Los desalojos en Cuba no son cosa del pasado republicano, como refleja
la propaganda oficial. Los desahucios siguen llevándose a cabo, con la
ayuda de la policía y, a veces, de los llamados “factores”, miembros de
los Comités de Defensa de la Revolución y militantes del grupo zonal del
Partido Comunista.

Ante el creciente déficit habitacional, una de las peores pesadillas que
puede vivir un cubano es el desalojo. El hecho toma tintes de catástrofe
por las pocas opciones para resarcir la pérdida de un inmueble. Es un
trauma, sobre todo cuando hay menores de edad implicados. Hay gritos,
llantos, niños quitados de los brazos de sus padres para obligar a estos
a salir del inmueble y –a veces– los vecinos se solidarizan con las
víctimas y gritan frases de “¡abusadores!” “¡déjenlos!” “¡no los
saquen!”. Pero en muy pocas ocasiones se logra parar un desahucio que ya
ha comenzado.

Para mayores complicaciones, el inmueble en el que habitan Sara y su
familia es propiedad del Instituto de la Vivienda. “No nos han dado
ninguna opción”, lamenta la mayor de las mujeres, mientras va
desgranando la historia de cómo llegaron hasta la actual situación.

“Vinieron el pasado miércoles y tocaron la puerta tan fuerte que
parecían los dueños de la casa”, cuenta Marinelvis. “Amenazaron con
llamar a la policía y sacarnos a la fuerza de aquí”. Con la pequeña
Aynoa en brazos, la joven madre pone su instinto protector por delante
de todo. “Yo para la calle no me voy… van a tener que sacarme a la
fuerza”.

Su vida se parece a la de muchos inmigrantes de otras regiones del país
llegados a la capital. La familia es oriunda de San Nicolás de Bari,
provincia de Mayabeque, y llegó a La Habana cuando el hijo mayor logró
un empleo que incluía la casa donde ahora habitan. Atrás dejaron una
propiedad que, según cuentan, no poseía las condiciones mínimas para
vivir en ella.

Los problemas comenzaron cuando Juan Carlos, el hijo mayor de Sara,
decidió emigrar. Graduado de derecho, se especializó en temas
relacionados con la propiedad de inmuebles y se convirtió en
Especialista Principal de la Subdirección Jurídica de la Vivienda
Provincial de La Habana. En el año 2012 le fue asignado el apartamento
en calidad de “vivienda vinculada” por ocupar él una plaza de cierta
importancia. El contrato de la casa incluyó a su madre y hermanas,
mientras que su sobrina Aynoa nació en el lugar.

En la Gaceta Oficial Nº 35 de 2011 fueron publicadas las regulaciones
vigentes para las “viviendas vinculadas”, llamadas así por estar
asociadas a alguna entidad estatal. Estos inmuebles son manejados por la
institución a la que pertenecen, para entregarlos a directivos, cuadros
administrativos y otro personal. El mecanismo se ha prestado en las
últimas décadas para fomentar el clientelismo, la corrupción y la
fidelidad ideológica, pero también ha motivado injusticias y numerosos
dramas.

La abogada Yaremis Flores, en referencia al caso de la familia Gálvez
Migueles, asegura que “todavía hay mucho camino legal por recorrer”.
Según la jurista, la familia debe ser notificada en las próximas semanas
de su condición de “ocupante ilegal” y aún así podría apelar la
decisión. “Si hay una menor de edad, que nació en el inmueble, la
situación se vuelve más complicada”.

Una de las grandes ironías de este caso es que Juan Carlos Gálvez
Migueles trabajó varios años como especialista de derecho en temas de
vivienda. Por sus manos pasaron casos que ahora rememora con molestia.
“¿Acaso Marino Murillo –actual asesor para temas económicos del
presidente Raúl Castro– tiene más derecho que mi familia?”, se cuestiona
el jurista, pues asegura saber la forma en que el funcionario logró
tener su actual casa ubicada en el municipio Playa.

Según afirma Gálvez Migueles, el inmueble en el que habita el también
miembro del Consejo de Estado “era medio básico del Ministerio de
Educación”. “Pasó a ser propiedad de este ciudadano, sin trámite de
desvinculación alguno”, denuncia en una larga carta el jurista, quien
durante más de un año se desempeñó como oficial operativo de la
Delegación Provincial del Ministerio del Interior en la provincia La Habana.

En medio de la angustia por la suerte de su familia, Gálvez ha decidido
contar las irregularidades que dice haber presenciado durante su trabajo
en el Instituto de la Vivienda. Desde el país donde reside y trabaja,
trata de proteger a los suyos del desalojo que se les viene encima. Toda
la operación tiene tintes “de venganza” según este hombre que un día
decidió abordar un avión y comenzar desde cero.

Por lo pronto su madre y sus hermanas están decididas a echar la pelea.
No tienen opción, pues según refiere Marinelvis, las instituciones
oficiales no han cooperado. “Fui al Comité Central del Partido Comunista
y al Consejo de Estado, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a la
Federación de Mujeres Cubanas… En todos dejé una carta explicando
nuestra situación y la respuesta que me dieron es que debía salir de
aquí lo antes posible”.

Mientras las cartas van y vienen, unos ojos atentos miran por las
ventanas a todo el que entra al edificio. Cualquiera que toque la
puerta, puede traer la orden de desahucio emitida por el temido
Instituto de la Vivienda.

Source: Cuando el desalojo llama a la puerta –
http://www.14ymedio.com/reportajes/desalojo-llama-puerta_0_1639036085.html

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