Corrupción – Cuba – Corruption
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Las tareas incumplidas del VI Congreso

Las tareas incumplidas del VI Congreso
OSMAR LAFFITA ROJAS | La Habana | 29 Abr 2016 – 7:20 am.

En el Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista presentado
por su primer secretario, Raúl Castro, se puede apreciar que un número
considerable de los acuerdos del VI Congreso no fueron cumplidos y se
arrastran para el periodo 2016-2021.

Es evidente el mal trabajo desempeñado por el PCC, que según el artículo
5 de la Constitución de la Republica, “es la fuerza dirigente superior
de la sociedad y del Estado”.

Hay una larga lista de problemas en la economía cubana a los que el
PCC no ha podido hallarles solución. Ni en los plenos del Comité
Central del Partido Comunista ni en los debates de la Asamblea Nacional
del Poder Popular se informó cómo iba el proceso de implementación de
los Lineamientos Económicos, ni del cumplimiento del plan de la economía
nacional

De la conceptualización del modelo económico, se elaboraron ocho
versiones que fueron analizadas por el Buró Político y los plenos del
Comité Central con la participación del Consejo de Ministros, pero sobre
esto nunca se le informó a la población.

Sobre la implementación de los Lineamientos Económicos se plantea que
es “una tarea difícil y compleja, llena de obstáculos y contradicciones”
y que “la actualización del modelo económico” tomará más de un
quinquenio. De los 313 lineamientos económicos aprobados en el VI
Congreso, en los cinco años transcurridos solo se implementaron 67, 242
se encuentran en fase de implementación, mientras que 65 están a la
espera de su aplicación.

Grandes limitaciones en educación y salud

Los servicios de educación, salud, seguridad social, cultura y deporte
presentan grandes limitaciones. El que presenta mayor gravedad es la
seguridad social: con los nueve dólares promedio de pensión mensual no
hay quien viva. No ha habido en esos servicios, como asegura el Informe
Central, trasformaciones y mejoras. Tampoco se han realizado los ajustes
que se esperaban. Por eso, resulta exagerada la afirmación de que la
calidad de esos servicios se ha elevado.

Hay dificultades en el suministro a las farmacias de medicamentos de
producción nacional e importados. Sobre este sensible asunto, los medios
nacionales guardan un silencio sepulcral.

Se impone poner fin a los nocivos efectos del igualitarismo, lo que
permitirá revertir el pernicioso fenómeno de la “pirámide invertida”,
que surgió por la desigual distribución de los salarios, en que los
profesionales son los que han resultado los más perjudicados.

El crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 no fue
relevante. El Gobierno afirma que tal crecimiento no le permitió avanzar
en la implementación de los lineamientos dirigidos a la eliminación de
gratuidades indebidas y los subsidios a determinados productos, porque
no se ha logrado incrementar los salarios de los trabajadores ni
asegurar la oferta de determinados productos en el mercado liberado.

Como parte de una política de ajuste que el Gobierno no reconoce, se
suprimieron artículos subsidiados de la canasta básica, lo cuales fueron
a parar al mercado minorista a precios no subsidiados, aunque todavía
persiste un alto nivel de subsidio en una variada gama de productos y
servicios.

El sector de la construcción continúa afectado por un conjunto de
problemas, como la impuntualidad en la entrega a tiempo de los
suministros, el éxodo de fuerza de trabajo calificada en busca de
mejores salarios y condiciones de trabajo más favorables en las brigadas
de contratistas privados y en las Cooperativas No Agropecuarias (CNA)
del ramo de la construcción. Persiste la improvisación, la falta de
integralidad, la incorrecta preparación de las obras, lo que provoca la
dilatación de los plazos de su terminación, con la consiguiente
afectaciones en la calidad.

Aunque no se dan cifras concretas sobre los resultados logrados en la
autonomía de las empresas estatales, se afirma que en estos momentos
estas empresas cuentan con mayores facultades en su gestión, algo que
resulta cuestionable dado el entramado de control que existe por parte
de los ministerios, las Organizaciones Superior de Desarrollo
Empresarial (OSDE) y los grupos empresariales.

Experimento en Mayabeque y Artemisa

Después de cincos años, todavía no acaba de concluir el experimento que
desarrollan las provincias Mayabeque y Artemisa, que consiste en la
separación de funciones de la Asamblea del Poder Popular y el Consejo de
Administración, con el fin de que dicha asamblea se pueda concentrar en
la atención a los delegados, los consejos populares y las diferentes
comisiones en su labor de control y fiscalización. No se sabe cuándo se
generalizará ese sistema a las restantes 13 provincias.

La esencia del citado experimento se concreta en la reducción de cargos
en los aparatos de dirección administrativo de los órganos del Poder
Popular, con el fin de reducir al mínimo a la burocracia parasitaria
enquistadas en dichas instancias legislativas.

El aumento de los precios de los productos del agro está determinado en
gran medida por los bajos niveles productivos de las diferentes formas
productivas agrícolas. Sobre esto no se hizo ningún análisis en el
Informe Central. Se admite que no se satisface la demanda y se dice que
el avance en la actividad agrícola “está determinado por factores
objetivos y subjetivos”, y que hay que poner coto al manejo
inescrupuloso de los precios por parte de los intermediarios. Es un
enfoque determinista que parte de presupuesto errado, el de que los
únicos culpables son los intermediarios.

Los sistemas de pago por resultados establecidos por la Resolución 17
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), si bien influyeron
en aumentar la motivación de los trabajadores y la productividad, por su
inadecuada aplicación, confrontaron múltiples deficiencias. Los
trabajadores directamente vinculados a la producción y los servicios no
fueron beneficiados con el ansiado incremento salarial, lo cual generó
más conflictos que resultados positivos. Ante tal situación, el MTSS
determinó derogar la Resolución 17 y poner en vigor la Resolución 6 de
abril de 2016

Propiedad estatal y cooperativas no agropecuarias

En el VII Congreso se reafirmó el predomino de la propiedad estatal
sobre los medios de producción, al mismo tiempo que se reconoció la
necesidad de quitarle al Estado la carga de “otras actividades no
determinantes”. Pero no se habló de los miles de establecimientos de
comercio y gastronomía que, por su mal servicio, los desvíos de recursos
y la corrupción generalizada, generan al Estado pérdidas millonarias.

Es bastante difícil que con los bajos salarios que les paga el Estado a
los trabajadores del comercio y la gastronomía se produzca el milagro de
una mayor eficiencia y calidad en sus prestaciones.

Continúan en fase experimental las 367 CNA de las 498 aprobadas en el
año 2013, localizadas en el comercio, la gastronomía, servicios
técnicos, la construcción y pequeñas industrias. Y, si bien el saldo
alcanzado por las CNA ha sido positivo, todavía persisten problemas como
las restricciones para acceder a los suministros en el mercado
mayorista, lo cual incide en los altos precios de los productos que
estas ofertan a la población.

Los otros problemas que más golpean a las CNA son la pobre divulgación
de sus actividades, la desorganización y el mal control de la contabilidad.

El control de las CNA por las direcciones de los organismos en que han
sido creadas ha sido inadecuado, porque no le prestan la atención y el
asesoramiento que ellas requieren. Ante tales hechos, el Gobierno
decidió paralizar la constitución de nuevas CNA y concentrar los
esfuerzos en consolidar las existentes. Las que están en proceso de
constitución, por el momento deben esperar.

Se han introducido medidas dirigidas a eliminar trabas que desestimulan
a las diferentes formas productivas de la agricultura, pero en el
informe no se señalan cuáles son esas trabas, que son en definitiva las
que han provocado la baja producción agrícola que no satisface las
necesidades de la población y el incremento de los precios.

El Gobierno, en los últimos cinco años, ha tenido que destinar un
promedio de 2.000 millones de dólares anuales a la importación de
alimentos, muchos de los cuales se pudieran producir en Cuba.

En el aspecto referido a las relaciones de propiedad, el Informe
Central no deja espacio para confusiones: los medios de producción son
propiedad del Estado. Teóricamente y para conveniencia de la elite
militar, que es el poder real en Cuba, propagandizan la falacia de que
son los trabajadores los dueños de los medios de producción.

Los diferentes órganos de control administrativo, como los Consejos de
Administración a sus diferentes niveles, los venales inspectores, la
Fiscalía y los órganos policiales, propician, en el ámbito de una
legalidad inexistente, el acoso contra los emprendedores privados.
Dichas instancias, que dicen representar al Gobierno, pisotean la
dignidad y los derechos de los que legalmente están autorizados a
ejercer la actividad privada.

El VII Congreso reconoció que durante estos último cinco años no se
produjeron grandes cambios en las estructuras del PIB, manteniéndose
sectores como la agricultura con un pobre aporte, mientras las
importaciones crecieron anualmente como promedio un 4,7%, es decir, que
crecieron más las importaciones que la economía. Esto es palpable en las
Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD), donde la mayoría de productos
que se ofertan son importados, muestra del declive de la política de
sustitución de importaciones.

La economía cubana en el quinquenio creció a un ritmo del 2,8% anual,
pero no fue suficiente para avanzar en el desarrollo del país y mejorar
el bienestar del pueblo.

Source: Las tareas incumplidas del VI Congreso | Diario de Cuba –
www.diariodecuba.com/cuba/1461874524_22003.html

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