Corrupción – Cuba – Corruption
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Protección de derechos ciudadanos… ¿en Cuba?

Protección de derechos ciudadanos… ¿en Cuba?
La desprotección legal ocurre incluso ante instituciones que velan por
la ley
Jueves, junio 1, 2017 | Alberto Méndez Castelló

LAS TUNAS, Cuba.- Adscripta a la Fiscalía General de la República,
Raquel Rodríguez Fraga, jefa de la Dirección de Protección de los
Derechos Ciudadanos, el pasado 20 de abril notificó a Alberto Méndez
Castelló:

“Le comunico que recibido su escrito, el mismo ha sido trasladado a la
Fiscalía Provincial Las Tunas para su tramitación y respuesta. Debiendo
entenderse con dicho órgano, donde se le informará lo pertinente
respecto a la tramitación de su asunto.”

Luego de 40 días de silencio cabe preguntarse: ¿Debo entender como una
burla la notificación de la fiscal Raquel Rodríguez Fraga?

Hago la pregunta antes de narrar los hechos, para que sean los lectores,
como un día hicieron los cazadores citados al final de esta historia,
quienes por sí mismos evalúen cómo en Cuba se “respeta” la tan cacareada
“legalidad socialista.”

Sin tomarse el trabajo de disponer investigar los hechos y mucho menos
entrevistar a los testigos, el director provincial de Planificación
Física en Las Tunas, ingeniero agropecuario Norge Rojas Cruz, decretó la
expropiación de nuestra casa, por lo que el pasado 17 de abril me
presenté en la Fiscalía General de la República con un abultado macuto
de papeles bajo el brazo y una petición en la voz:

“Alegando falsedades nos quieren expropiar nuestra casa. Investiguen
esto”, dije.

Un mes después, el 18 de mayo, una joven fiscal quien dijo llamarse
Yordalis me citó para el siguiente día en la Fiscalía Municipal en
Puerto Padre. Sobre su buró se encontraba el macuto de papeles que
habíamos dejado en La Habana, y que de forma burlona, ahora parecían
decirnos: “¡Viste… tanto nadar para morir ahogados en la orilla, ahora
otra vez estamos en Puerto Padre!”

La fiscal Yordalis dijo no estar en su potestad impugnar lo decretado
por el director provincial de Planificación Física.

“Bien, en lugar de impugnar usted puede emplear los sinónimos constatar
o argumentar”, dije a la fiscal, añadiendo: “Para verificar lo ilegal,
injusto e improcedente a Derecho decretado por el director de
Planificación Física Rojas Cruz, sólo pedí a la Fiscalía restablecer la
legalidad quebrantada, y para restablecer la legalidad, basta que la
Fiscalía, al menos, entreviste a seis de los 12 testigos propuestos. Eso
constataría o argumentaría la verdad”, dije.

La joven fiscal dijo que aquello le parecía bien, que estaba bien eso de
entrevistar a los testigos cuyos criterios basados en sus profesiones y
experiencias no habían sido consultados y que así lo consultaría con su
jefa.

Notificación de ¿atención a los ciudadanos? Notificación de ¿atención a
los ciudadanos?

Si la primera imagen distorsionada, proyectada cual espejo burlesco,
provino de la Fiscalía General de la República, ¿debo entender que ahora
es la Fiscalía Municipal de Puerto Padre la encargada de sostener ante
nuestra familia el choteo?

Pienso que estamos ante una burla leguleya en tanto la Fiscalía se tomó
diez días en silencio, sin hacer absolutamente nada, para al cabo de
todo ese tiempo rehusar hacer lo que está obligada a ejecutar por ley.

Este 29 de mayo otra vez la fiscal Yordalis me citó a su oficina, esta
vez para decir que no podía tomar declaraciones a los testigos, que esa
era la indicación de la fiscal jefa municipal Lisbeth Pavón.

Al dirigirme a la Fiscalía General de la República en el escrito de
petición había invocado el artículo 63 de la Constitución, que expresa:
“Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las
autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo
adecuado, conforme a la ley.”

Y había recordado a la Fiscalía su obligación legal según el artículo
127 de la propia Constitución: “El control y la preservación de la
legalidad sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la
Constitución, la leyes y demás disposiciones legales, por los organismos
del Estado…”

Y como precepto ético había pedido a la Fiscalía General de la
República, a primera vista en su actuación, la observancia del Objetivo
de Trabajo No. 16 del Partido Comunista de Cuba, el partido de los
fiscales, el que les exige y les hace “exigir y comprobar que en las
instituciones y en el propio Partido, se preste oportuna y debida
atención a las quejas, denuncias y otros asuntos planteados por la
población y que las respuestas se brinden con el rigor y la celeridad
requeridos”.

Pedí demasiado, ¿no? En mi petición a la Fiscalía General de la
República, había invocados todos esos preceptos jurídicos y morales, que
de haberse ejercitados, habrían puesto al descubierto la farsa en que se
sustenta la expropiación de nuestra casa como medio de hostigamiento a
mi pensamiento; no por expresarlo en una tribuna, pues no soy un
político, sino por exponer mis ideas en artículos periodísticos y en libros.

En cambio, luego de 42 días de dilación inútil, este lunes 29 de mayo,
en la Fiscalía de Puerto Padre, a donde habían ido a recalar cuales
objetos de un naufragio mis peticiones formuladas en la Fiscalía General
de la República de Cuba, debí decir a la fiscal Yordalis: “Siento pena
por usted. Pena por una jurista joven a quien su propia institución, la
encargada de velar por el respeto de la ley, la lleva a violar las leyes.”

Y volviéndome a un retrato de Raúl Castro, con un fragmento de un
discurso donde el general habló de derechos y de legalidad, colgado en
una pared de la oficina donde supuestamente se vela por los derechos
ciudadanos añadí: “Y pueden retirar esa fotografía y esas palabras de
Raúl Castro de esta oficina, donde poco o nada tienen que ver con lo que
aquí se hace, ¿no?”

Pero cuando regresé a casa me percaté de cuán equivocadas estaban mis
palabras dirigidas a la fiscal Yordalis respecto a la ubicación del
retrato de Raúl Castro.

El campo de tiro al plato de la Federación de Caza Deportiva de Puerto
Padre había sido robado hasta sus cimientos, y hurgando entre papeles
viejos encontré la carta dirigida por el secretariado de la Federación
de Caza al General, donde, frustrados ante su petición de investigar la
corrupción denunciada, al final de la carta dicen a Raúl Castro:
“Conocemos las concepciones, prepotencias y capacidad de mentiras
existentes en nuestra provincia (Las Tunas) y municipio (Puerto Padre)
de las cuales podemos mostrarles dos ejemplos, ajustados al caso
concreto que nos ocupa:

“El señor Naranjo, que robó en el campo de tiro y de lo cual le
acompañamos copia del acta de la reunión, fue declarado inocente por la
Comisión encargada de investigar estos sucesos de los que nos quejamos
al Consejo de Estado.

“El señor Roberto Peña Leyva de la Dirección de Deportes, nos manifestó
que podíamos escribirle a quién quisiéramos, que ningún ministro nos iba
a contestar, pues todo venía a sus manos y la respuesta quien la daba
era él.

“Estas razones nos hacen pedir que, si se va a repetir la escena (de
otra investigación), mejor no lo hagan. Así nosotros tendríamos que
sacar nuestras propias conclusiones, que es preferible a ver en el papel
de fiscales y jueces a vulgares delincuentes”.

Source: Protección de derechos ciudadanos… ¿en Cuba? CubanetCubanet –
www.cubanet.org/opiniones/proteccion-de-derechos-ciudadanos-en-cuba/

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